Los legisladores proponen una ley para regular el uso de la IA en las escuelas.
Un nuevo proyecto de ley presentado ante la Cámara de Diputados de Puerto Rico tiene como objetivo crear un marco legal para el uso ético de la inteligencia artificial en el sistema educativo de la isla.
El proyecto de ley 968, titulado “Ley sobre el uso ético de la inteligencia artificial en las instituciones educativas”, se aplicaría tanto al Departamento de Educación como a las escuelas privadas registradas en virtud de la ley de concesión de licencias de Puerto Rico.
El representante José Aponte Hernández, quien presentó la medida, destacó que la IA “está ganando terreno rápidamente en nuestra sociedad” y transformando industrias, incluida la educación.
Si bien la tecnología puede “agilizar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje”, el proyecto de ley advierte que su uso no regulado podría suponer riesgos, especialmente para las poblaciones más jóvenes y vulnerables.
Según la propuesta, el Departamento de Educación estaría obligado a desarrollar y publicar políticas sobre el uso ético de la IA en las escuelas públicas, con el apoyo técnico de los Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico.
Las instituciones educativas privadas tendrían que diseñar sus propias políticas de IA basadas en los mismos principios rectores y presentarlas ante el Departamento de Estado como prueba de cumplimiento.
El proyecto de ley describe seis principios para el uso responsable de la IA: seguridad y protección, autonomía, privacidad, transparencia y explicabilidad, diversidad e inclusión, y responsabilidad.
“Las tecnologías de IA utilizadas deben ser robustas e incorporar normas de seguridad que minimicen los riesgos para los sistemas”, afirma el proyecto de ley, al tiempo que protegen los datos personales y garantizan el consentimiento informado.
También exige formación anual para estudiantes, profesores y personal administrativo sobre el uso ético y responsable de las herramientas de IA. El objetivo, según el proyecto de ley, es “fomentar el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo”, al tiempo que se garantiza la igualdad de acceso a los avances tecnológicos.
Si se aprueba, la legislación daría a las entidades educativas 180 días desde su promulgación para implementar las políticas de IA requeridas.
Como parte del desarrollo del proyecto de ley, el Comité de la Cámara para el Desarrollo del Marco Regulatorio sobre el Uso de la Inteligencia Artificial en la Educación celebró su primera reunión el 7 de noviembre, con la participación de múltiples entidades, entre ellas el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
