El proyecto de ley de Puerto Rico condicionaría las exenciones fiscales a la publicación de ofertas de empleo.
La senadora Roxanna Soto-Aguilú, del Partido Nuevo Progresista, ha presentado el proyecto de ley 890 del Senado, una legislación que vincularía ciertos incentivos fiscales a la participación obligatoria de los empleadores en el Portal de Empleo y Reclutamiento para Facilitar la Integración Laboral del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, conocido por sus siglas en español, Perfil.
La medida modificaría el Código de Incentivos de Puerto Rico, Ley 60-2019, añadiendo un nuevo artículo 1010.1-A. Según la propuesta, las empresas que reciban o soliciten decretos de incentivos fiscales vinculados a la creación, retención o expansión de empleo estarían obligadas a registrarse en la plataforma Perfil y actualizar sus ofertas de empleo mensualmente.
El requisito se aplicaría a los empleadores que presentan informes trimestrales de cotización al seguro de desempleo, lo que abarca, en la práctica, a la mayoría de las empresas que operan en la isla. El cumplimiento sería una condición no solo para la aprobación de nuevas solicitudes de incentivos, sino también para la renovación y la validez continuada de los decretos existentes.
En su exposición de motivos, el proyecto de ley sostiene que el mercado laboral de Puerto Rico necesita más “herramientas modernas y colaborativas” para conectar a los solicitantes de empleo con los puestos disponibles.
Perfil, desarrollado por el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, utiliza inteligencia artificial para permitir a los empleadores publicar vacantes, recibir recomendaciones de candidatos y acceder a una base de datos más amplia de trabajadores.
La participación en la plataforma es actualmente voluntaria, lo que, según Soto-Aguilú, ha limitado su impacto. Al mismo tiempo, el proyecto de ley señala que la Ley 60 ofrece importantes beneficios fiscales a las empresas que se comprometen a crear y mantener puestos de trabajo como parte de la estrategia de desarrollo económico de la isla.
“Estos incentivos representan una inversión pública considerable”, afirma el proyecto de ley, añadiendo que actualmente no existe ningún requisito que obligue a las empresas beneficiarias a aportar sus ofertas de empleo a un sistema centralizado que podría agilizar las remisiones y la colocación laboral.
La legislación enmarca la propuesta como una obligación recíproca, afirmando que las empresas que se benefician de incentivos fiscales públicos deben publicar las oportunidades de empleo a través de una plataforma gubernamental. También establece que el requisito no supondría una carga excesiva, dado que Perfil es de uso gratuito y cuenta con el apoyo técnico del Departamento de Trabajo.
El proyecto de ley 890 del Senado incluye disposiciones de cumplimiento que exigen a los empleadores certificar su registro y actualizaciones mensuales ante la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio o la agencia que administra el decreto.
El incumplimiento podría dar lugar a una revisión y a la posible suspensión o revocación del incentivo, tras una notificación y un plazo de 30 días para subsanar las deficiencias.
El proyecto de ley también ordena al Departamento de Trabajo y Recursos Humanos y al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio que adopten reglamentos en un plazo de 90 días a partir de su promulgación para establecer procedimientos de verificación y coordinación interinstitucional.
Si se aprueba, la medida entraría en vigor “90 días después de convertirse en ley y se aplicaría a las nuevas solicitudes de incentivos presentadas a partir de entonces, así como a las renovaciones de los decretos existentes”. Los incentivos que no estén condicionados a la creación o el mantenimiento de puestos de trabajo quedarían exentos.
