Un proyecto de ley en Puerto Rico busca añadir las fincas desocupadas al registro de bienes públicos.
El senador Jeison Rosa-Ramos, del Partido Nuevo Progresista, ha presentado el proyecto de ley 877 del Senado, que ampliaría el registro de bienes públicos de Puerto Rico para incluir fincas vacías y terrenos adicionales propiedad del gobierno, con el objetivo declarado de promover el uso agrícola, la conservación y el desarrollo económico.
El proyecto de ley propone enmiendas a los artículos 1 a 8 de la Ley 19-2011, conocida como “Ley para el Registro Interactivo de Bienes Públicos con Oportunidades de Desarrollo Económico o Conservación y Protección”. Según la propuesta, la ley pasaría a denominarse “Ley para el Registro Interactivo de Bienes Públicos y Fincas Agrícolas con Oportunidades de Desarrollo Económico, Utilización o Conservación y Protección”.”
Según la exposición de motivos, la medida permitiría incorporar al registro las fincas vacías propiedad de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, junto con las parcelas disponibles pertenecientes a la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, la Administración de Tierras y el Departamento de Vivienda. La intención es hacer que esas propiedades sean más visibles y accesibles para su uso productivo, en particular por parte de empresarios agrícolas y nuevos agricultores.
La Autoridad de Tierras de Puerto Rico, creada en virtud de la Ley de Tierras de Puerto Rico de 1941 y que actualmente opera dentro del Departamento de Agricultura, posee alrededor de 85,000 acres, principalmente en zonas costeras. También supervisa aproximadamente 52,500 acres en el marco del Programa de Granjas Familiares en la región montañosa central. A fecha de 23 de octubre, la agencia informó de 120 granjas disponibles o vacías, con un total de 4585,5 acres en siete regiones de Puerto Rico.
A pesar de ese inventario, el proyecto de ley señala que la Autoridad de Tierras no cuenta con una plataforma en línea propia para promover o comercializar las propiedades agrícolas disponibles. El proyecto de ley 877 del Senado busca subsanar esa deficiencia ampliando el registro interactivo existente, administrado por la Junta de Planificación de Puerto Rico, para incluir parcelas agrícolas y granjas, además de estructuras y propiedades urbanas.
El proyecto de ley exigiría a las agencias registrar todos los terrenos disponibles.
La Ley 19-2011 estableció una política pública para fomentar el uso óptimo de los bienes públicos y apoyar el desarrollo económico, urbano y social mediante la planificación estratégica de los bienes inmuebles de propiedad del gobierno. La propuesta de Rosa-Ramos ampliaría esa política para incluir explícitamente el desarrollo agrícola y el uso del suelo rural, con énfasis en la conservación y el uso productivo de las tierras con alto valor agrícola.
Según el proyecto de ley, las agencias participantes —PRIDCO, la Administración de Tierras, la Autoridad de Tierras y el Departamento de Vivienda— estarían obligadas a registrar cada parcela, finca, estructura y propiedad que controlan en el registro interactivo.
“Cada propiedad también estaría sujeta a un plan de acción estratégico que describiría su uso potencial, incluyendo la conservación, la producción agrícola o el desarrollo económico”, establece el proyecto de ley. “La Junta de Planificación mantendría el registro a través de un sistema de información geográfica, con disposiciones para el acceso público”.”
La legislación también enmarca la propuesta como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la agricultura local, mejorar la seguridad alimentaria y reducir la dependencia de Puerto Rico de los productos alimenticios importados.
